Solbes asegura que la decisión fomenta la competencia y mejora el servicio al usuario
El pacto entre Gas Natural e Iberdrola, pendiente del Servicio de la Competencia
El Gobierno decidió ayer autorizar, con 20 condiciones, la OPA lanzada el 5 de septiembre por Gas Natural sobre la eléctrica Endesa, que recurrirá la decisión ante el Tribunal Supremo. Las medidas aprobadas obligan a que la empresa resultante de la operación venda centrales eléctricas con una potencia de 4.300 MegaWatios, 1.200 más de lo inicialmente previsto por Gas Natural, empresa controlada por La Caixa y RepsolYPF.
Además, la compañía gasista deberá desprenderse de 1,5 millones de clientes y subastar cada año, a partir de 2007 y hasta 2010, tres bcm (miles de millones de metros cúbicos) de gas natural. De ellos, 1,8 bcm proceden del negocio gasista de Endesa. La cifra de 3 bcm que saldrá al mercado equivale al 10% de la demanda total de gas en España.
El Gobierno no tomó ninguna decisión sobre el acuerdo que mantienen Gas Natural e Iberdrola por el que la primera vendería a la segunda centrales, activos en el extranjero y puntos de venta de gas (1,2 millones). Ese compromiso, valorado entre 7.000 y 9.000 millones de euros, será objeto de otro examen por el Servicio de Defensa de la Competencia. En su caso, según explicó ayer el vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, el acuerdo podría tener, "muy posiblemente, dimensión comunitaria" y, por tanto, ser examinado por Bruselas.
Las condiciones aprobadas ayer para dar luz verde a la operación, valorada en 22.000 millones de euros, de Gas Natural sobre Endesa son una mezcla, suavizada, de las propuestas por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y las del voto particular manifestado en el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC). Este organismo decidió, por mayoría, recomendar al Gobierno que prohibiera la operación.
Con la decisión adoptada, el Gobierno pretende, según explicó Solbes, equilibrar el sector energético, fomentar la competencia y mejorar el servicio a los usuarios. El resultado: la empresa resultante será más pequeña que Endesa en el mercado eléctrico y que Gas Natural en el gasista, por lo que se reducirá la concentración en ambos mercados. Endesa controla ahora en torno al 6% del mercado de gas, mientras que Gas Natural apenas si tiene el 3,5% del mercado eléctrico. En electricidad suman unos 34.000 MegaWatios de potencia (29.700 de Endesa, más 4.300 de gas natural), por lo que se desprenderán de lo correspondiente a gas.
Solbes justificó no haber seguido la recomendación del Tribunal de Defensa de la Competencia, con el siguiente argumento: según el Tribunal Supremo, la prohibición sólo puede ser acordada cuando no sea posible imponer condiciones que resuelvan los problemas de competencia detectados. Como "es posible subordinar la autorización a ciertas condiciones", en opinión del Gobierno, se ha dado luz verde. Según Solbes, la autorización con condiciones es la mejor opción para garantizar el equilibrio entre la libertad empresarial y la protección de la competencia.
El Ejecutivo cree que con las ventas de centrales y de 1,5 millones de clientes de gas, así como con la puesta en el mercado de parte del gas natural que controlaba en exclusiva la compañía que preside Salvador Gabarró, "el mercado podría contar a corto plazo con un nuevo operador en el mercado eléctrico y hasta dos en el mercado de distribución de gas". No obstante, a las preguntas planteadas tras el Consejo de Ministros, Solbes matizó que se crearían nuevos operadores o sencillamente podrían "reforzarse los ya existentes".
La decisión del Gobierno, que era esperada, fue bien acogida por las principales empresas afectadas: Iberdrola y Unión Fenosa. Iberdrola aseguró que la decisión responde al interés general y que permitirá mejorar la competencia en el sector energético. Para la eléctrica, la decisión del Ejecutivo "respeta el principio de libertad de empresa" al permitir que sean los accionistas los que tomen la decisión.
Por su parte, Unión Fenosa aseguró que las condiciones impuestas son "razonables" y podrían llevarse a cabo en el caso de que los accionistas decidan aceptar la oferta. En su opinión, esto es compatible con el mantenimiento de la competencia y el refuerzo de la seguridad del suministro, un aspecto que la eléctrica considera "prioritario en las actuales circunstancias energéticas".
Para Endesa, la empresa opada, la realidad es muy distinta. Según dijo ayer, la compañía cree que las condiciones impuestas a la OPA hacen que carezca de "lógica industrial, de sentido económico y de racionalidad empresarial", pero, además, considera que dichos condicionantes hacen el proyecto "difícilmente sostenible por el grave riesgo regulatorio que le permiten asumir". En palabras de un portavoz de la compañía, si se consuma la OPA, se producirá una situación de "monopolio incompatible con las normas sobre competencia".
Tras la decisión del Gobierno, ahora es el turno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que tendrá que aprobar el folleto de la operación. La cuestión ahora es si Gas Natural mantendrá la oferta inicial de 21,3 euros por acción de Endesa (un tercio en metálico y el resto en acciones) o mejorará el precio, tal y como esperan los mercados.
Gas Natural, que ahora tiene un mes para presentar un plan al Gobierno que asegure el cumplimiento de las condiciones planteadas, mantiene que no varía la oferta.
Pero la Bolsa sigue apostando por la elevación del precio. Ayer, Endesa subió un 0,32% y cerró a 24,89 euros. Por su parte, Gas Natural subió un 1,48% y cerró a 24,70 euros. De esta forma, la capitalización de Endesa asciende a 26.352 millones de euros, mientras que la de Gas Natural es de 10.392.
Salvo sorpresas de última hora, está más cerca el momento en que los accionistas de Endesa decidan si aceptan o no la oferta de Gas Natural. Eso sí, muy probablemente cuando deban tomar la decisión de vender, aún no tendrán todos los elementos de la operación aclarados. Por ejemplo, es posible, y así lo admitió ayer el secretario de Estado de Economía, David Vegara, que el Servicio de Defensa de la Competencia (SDC) no haya acabado su examen del acuerdo Gas Natural-Iberdrola. Un acuerdo que forma parte del expediente de la operación y que en su momento se presentó como clave para el resultado final.
