A la atención del:
Jefe de la Dependencia del Área de Industria y Energía
Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife
Edificio C/Méndez Núñez, 9
37071-Santa Cruz de Tenerife
D. Agapito de Cruz Franco, mayor de edad, provisto del DNI .......y domicilio a efectos de notificación, en ........., código postal 38300, del término municipal de La Orotava, Santa Cruz de Tenerife, en calidad de miembro del Tagoror Ecologista Alternativo, Nº Rgtro. Asoc. 2.373;
Dª. Mónica Díaz Tabares, mayor de edad, provista del DNI .........y domicilio a efectos de notificación, en ........, código postal 38508, del término municipal de Güímar, en calidad de miembro del Colectivo Ecologista Tabona, Nº Rgtro. Asoc. 1.153;
y D. Aureliano Marrero Muñoz, mayor de edad, provisto del DNI .........y domicilio a efectos de notificación, en ......., código postal 38207, del término municipal de La Laguna, en calidad de miembro del Círculo Ciudadano de Debate e Intervención Social Conciencia Planetaria;
como miembros de los citados colectivos, promotores de la
Coalición Ciudadana Toda Canarias contra el Gas,
y en representación de esta entidad y de lxs ciudadanxs que la integran,
EXPONEN:
Que el pasado viernes 19 de agosto de 2005 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 136, el Anuncio 10920 7380, por la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, Dependencia de Industria y Energía, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa de la instalación de un terminal de regasificación de gas natural licuado (GNL) en Granadilla.
En referencia a dicha solicitud de autorización, y teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, deseamos formular las siguientes alegaciones:
1. Que la planta de regasificación de Gas Natural Licuado promovida por la COMPAÑÍA TRANSPORTISTA DE GAS CANARIAS (GASCAN) y proyectada en el litoral de Granadilla no debe recibir autorización administrativa porque:
- Ello vulneraría gravemente los términos establecidos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, según se dispone en el artículo 55 y siguientes. Sobre todo en el apartado a) del artículo 67.2 de esta ley, que establece los requisitos técnicos y de seguridad de las instalaciones propuestas. Puesto que dado el emplazamiento previsto para la ubicación de dicha planta de regasificación, y la escasa distancia a la que ésta se encontraría respecto a los diversos núcleos de población circundantes, dicha planta se convertiría en una amenaza cierta y gravísima para las vidas y las propiedades de las personas que habitan esas poblaciones más próximas, en el más que posible caso de que se produzca un accidente, rotura, derrame o escape o inflamación del combustible altamente peligroso que el Gas Natural Licuado. Lo que explicaremos en detalle en un apartado posterior de este documento.
- Y porque igualmente el acto administrativo de la autorización conculcaría de forma evidente el apartado b) de este mismo artículo, en cuanto a garantizar las condiciones de protección del medio ambiente. Puesto que la construcción y posterior funcionamiento de la proyectada planta de regasificación, sin olvidar la del también proyectado puerto en el que se efectuaría la descarga de ese peligroso combustible, constituirían un atentado sin precedentes a la costa de Granadilla, uno de los últimos y más valiosos espacios naturales de nuestra isla, con comunidades de flora y fauna terrestre y marina de un valor inestimable, por no hablar de sus innegables valores paisajísticos, como explicaremos también en un partado posterior.
2. Afirmamos que es de todo punto imposible que el Proyecto de la Planta de Regasificación, tanto como la propia superficie portuaria proyectada en la costa de Granadilla, cumpla los condicionantes impuestos por ningún tipo de estudio de Impacto Ambiental, incluso en el caso de que éste haya sido concebido con el único propósito de cumplir de modo meramente aparente los trámites legalmente establecidos y facilitar su autorización, ocultando los verdaderos problemas ambientales que causaría la construcción de esas instalaciones. Y como por otra parte es práctica lamentablemente habitual en los informes de este tipo, cuando son realizados por encargo y al servicio de los intereses de las grandes empresas y de la administración.
Sostenemos pues, que ni siquiera la más amañada o fraudulenta de tales declaraciones podría ocultar en este caso los enormes impactos negativos que esta iniciativa va a suponer para la costa de Granadilla, y para los valiosos ecosistemas terrestres y marinos que alberga, y ello por los siguientes motivos:
3. Las operaciones de regasificación supondrán la destrucción de las valiosas especies que componen la fauna marina de este espacio natural:
La propia descripción del proyecto de planta regasificadora nos indica con claridad algunas de sus características más peligrosas para el frágil ecosistema de este litoral del sur de Tenerife, y en especial para la valiosa fauna marina que lo habita, en parte integrada por especies consideradas por la Unión Europea como en peligro de extinción, y merecedoras de las más altas medidas de protección, como puedan ser el delfín mular, la tortuga caretta, etc.
La planta de procesamiento del GNL cuenta con un sistema de captación y retorno de agua de mar, que es utilizado para producir el calentamiento o regasificación del gas natural criogenizado, por contraste entre la temperatura de ese líquido congelado a -160º, con la temperatura natural del agua de mar. Método que es sin duda el más barato y habitual en instalaciones de este tipo en todo el mundo. Dadas las características del equipo técnico que se detallan en el proceso, y los volúmenes de gas que se prevee procesar en esta terminal, con destino sobre todo a la cercana central térmica de Granadilla, podemos presumir que el caudal de agua que va a utilizar la terminal para realizar esa operación también va a ser muy importante.
Esa misma corriente va a ser devuelta al mar también de modo constante, a una temperatura extremadamente fría, y el efecto que tal flujo de agua a muy bajas temperaturas va a producir supondrá un verdadero "cold shock", un chorro continuo de agua helada necesariamente mortal para peces, huevos y larvas, de las poblaciones marinas de toda la zona. Y ello en un punto de nuestro litoral como es éste, justamente donde se encuentran las praderas de posidonia de las que se alimentan. Y un hábitat por tanto esencial para la supervivencia y reproducción de esa fauna. Sin olvidar que también va a suponer un trastorno brutal de las condiciones térmicas de su medio para otras especies igualmente importantes, como el plancton, las colonias de tortugas, etc.
Por otra parte, ese método del circuito abierto de agua de mar utilizado para recalentar el gas, tendrá otros efectos igualmente nefastos sobre nuestra fauna: en primer lugar, la aspiración continua de larvas y peces de tamaño pequeño, que son absorbidos y destrozados por estas grandes tomas de agua en cantidades no despreciables. Y por último, se va a producir un impacto más perverso si cabe, que es el progresivo envenenamiento de las aguas circundantes. Las terminales regasificadoras emiten de forma constante al mar una solución ("chlorine") de cloro que se utiliza para proteger esos dispositivos de atracción y expulsión del agua de mar de los efectos de la materia orgánica, es decir, de los mismos seres vivos que absorbe y destruye. De manera que nuestra costa va a ser tratada como si fuese una piscina, con una solución de la sustancia con mayor poder biocida que se conoce -el cloro, elemento puramente artificial, que no existe en la naturaleza, creado por el hombre para destruir las formas de vida que le molestan-, lo que juntamente con las demás características de este sistema que ya hemos mencionado, suponen sin más la destrucción anunciada y a corto plazo de la mayor parte de la fauna y la flora marina del litoral de Granadilla y de las comarcas más próximas.
Por tanto creemos que ningún estudio de impacto ambiental -por más que haya sido muy hábilmente redactado a la medida de las necesidades de la empresa promotora-, puede ocultar que la instalación de regasificadoras en nuestra costa, tanto en tierra firme como en el mar, constituirá un verdadero golpe de muerte a los frágiles ecosistemas de nuestras costas, ya suficientemente maltratados por toda clase de agresiones en las últimas décadas, como puedan ser emisarios submarinos, vertidos incontrolados de productos tóxicos, vertidos de los petroleros que cruzan nuestras aguas, etc. Estamos pues ante una catástrofe ecológica anunciada, y que no creemos que sus efectos se limiten a este litoral de Granadilla, por el contrario, nos parece inevitable que tanto la alteración térmica de nuestras aguas, como el envenenamiento de estas por derivados del cloro, y la desaparición del hábitat esencial que son las praderas marinas, afectarán a toda la fauna marina de la vertiente sur de nuestra Isla.
Reafirmamos pues nuestra convicción de que los catastróficos efectos que va a tener la instalación de esa regasificadora sobre todas esas especies y sobre el medio que las sustenta, son justamente los opuestos de los que perseguían los legisladores, tanto de nuestra comunidad como de la Unión Europea, que han otorgado a esta zona importantes figuras jurídicas de protección ambiental, y por tanto anunciamos nuestra intención de recurrir a esas autoridades comunitarias para evitar la destrucción de estas especies y de su hábitat. Por último, los colectivos y personas que suscribimos estas alegaciones queremos aquí dejar constancia de que no consideramos legitimado a gobierno ni a institución alguna para autorizar fríamente la destrucción en masa de poblaciones de seres vivos, no importa cual sea el pretexto o el motivo que se aduzca para ello. Y desde luego, informaremos de esta realidad a toda nuestra sociedad, instándola a luchar por todos los medios a su alcance para impedir un acto criminal de esta magnitud.
4. Tanto el puerto para la descarga del GNL, como la terminal de regasificación, son actuaciones que violan la legislación europea para la protección de este espacio natural privilegiado:
Como quiera que la terminal de regasificación se instalaría junto al citado puerto para la descarga del GNL, que se proyecta ubicar en dicha costa, nos encontramos ante unas actuaciones que son ilegales por definición, puesto que la construcción de esa infraestructura portuaria viola las varias normas legales que declaran esta zona como un espacio que requiere una especial protección, por el gran valor de las comunidades de fauna y flora marina que lo habitan, y por sus indudables valores naturales.
De hecho, el precedente proyecto de puerto gasero de Granadilla ya cuenta con informes totalmente desfavorables emitidos por los especialistas de los diversos departamentos de la universidad de La Laguna, e incluso de técnicos de la propia consejería de medio ambiente del gobierno de Canarias. Informes que hasta ahora han sido totalmente ignorados por la administración autonómica, debido a las notorias presiones del monopolio eléctrico Endesa y de su filial Gascan, las entidades promotoras de esta instalación para el desembarco y procesamiento del Gas Natural Licuado. Este abierto desprecio del ejecutivo a los pronunciamientos unánimes de nuestra comunidad científica, de los propios técnicos de la Administración, y de toda la sociedad civil isleña, ha motivado que lxs ciudadanxs movilizados en defensa de la costa de Granadilla hayan buscado recientemente el amparo de las autoridades europeas, estando a la espera de una posible resolución de la comisaría de Medio Ambiente, previsiblemente contraria a la construcción de esa infraestructura portuaria.
En efecto, el reconocimiento científico de los valores naturales de este sector de nuestro litoral que es la costa de Granadilla, le ha valido recibir un elevado grado de protección por la legislación ambiental europea, bajo la denominación de Lugar de Interés Comunitario (L.I.C. ES7020116) Sebadales del Sur de Tenerife. Pues bien, la construcción del puerto y terminal regasificador de Tenerife suponen múltiples impactos negativos, que acarrearán la destrucción irreversible este espacio natural de alto valor. Por ej., ya en octubre de 2001 el departamento de biología animal de la ULL advertía que las obras de la construcción de dicho puerto depositarán en sus fondos una gran cantidad de materiales y producirán una continua turbidez de las aguas litorales, con lo que desaparecerá la mayor parte de las praderas de fanerógamas y las comunidades de algas de los fondos rocosos. Se verán así alterados sin remedio el sustrato físico químico, y la situación de las especies que pueblan esta zona, condenándolas a su rápida desaparición. Por otra parte, la dársena del puerto gasero se convertirá en un foco de contaminación por hidrocarburos y metales pesados. Y en las escolleras del mismo y sus alrededores, se producirá un lamentablemente empobrecimiento y pérdida de diversidad biológica, al verse desplazada la vegetación por colonias de erizos que la repelen.
Ante la magnitud del desastre que va a provocar esta agresión, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, organismo que ha impulsado la tramitación de la autorización para la construcción del puerto, ha tratado de engañar a la opinión pública presentando unas supuestas medidas compensatorias, que consisten en el delirante proyecto de replantar los destruidos sebadales en Teno-Rasca y Sardina del Norte. Un proyecto insensato, sin la menor posibilidad real de éxito y a un coste presumiblemente astronómico. Curiosamente, el propio "estudio de impacto" que esa autoridad encargó para justificar la idoneidad ambiental de esta actuación monstruosa, publicado por la Secretaria General de Medio Ambiente en su resolución del 5 de febrero de 2003, no oculta sus terribles repercusiones negativas. Sin duda es un documento asombroso, una lectura muy recomendable e ilustrativa, que muestra la completa incapacidad de la administración, no ya de evitar la destrucción de este patrimonio natural, sino incluso de disimularla. Y también es un magnífico ejemplo de la miserable farsa en que se ha convertido el trámite de los estudios de impacto ambiental, bajo el control de gobiernos dispuestos a violar la letra y el espíritu de las leyes de protección de la naturaleza. Sorprendentemente, ese texto concluye de un modo que desautoriza por completo a los promotores de esta catástrofe, con una larga lista de valoraciones extremadamente negativas por parte de casi todos los sectores científicos y sociales consultados por la administración.
Entre los muchos sectores sociales y entidades de todo tipo que se han opuesto a la construcción de dicho puerto puede destacarse, p.ej., la Cofradía de Pescadores de San Miguel Tajao, que en sus propias alegaciones al proyecto afirma que éste causará de modo irremediable la destrucción de los sebadales de este sector de nuestro litoral, y que dicho hábitat marino es un espacio natural de una importancia fundamental, puesto que en él habitan y se reproducen varias especies de peces, muchas de ellas de interés pesquero. Por lo que la construcción de esa instalación portuaria será un golpe demoledor para la economía de las familias que encuentran su subsistencia en esta actividad. Los pescadores de Tajao denunciaban que además de esas especies de interés comercial, se ponían así en gravísimo peligro otras poblaciones, como la del delfín mular (Tursiops truncatus) y la tortuga caretta, que cuenta con una colonia muy importante en la zona comprendida entre Tajao y Montaña Roja. Esta tortuga "boba" es una especie prioritaria de interés comunitario, incluida en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas de Canarias como "especie en peligro de extinción", utiliza los sebadales de estas zonas de litoral como lugar de descanso y alimentación.
Por otra parte, este sector del litoral de Granadilla es un espacio que ha sido muy agredido, e incluso fragmentado en zonas que van quedando progresivamente aisladas y degradadas, como ocurrió sobre todo a partir de la construcción de la ilegal Central Térmica de Granadilla, que provocó un aumento de la turbidez en la zona, dañando gravemente a la fauna marina. Esa progresiva ruptura de su continuidad natural, y degradación de estos valiosos hábitats, está produciendo una rápida y generalizada pérdida de biodiversidad. Y para intentar detener ese proceso de desintegración de sistemas naturales tan importantes como nuestros sebadales, o la franja de vegetación macaronésica costera, etc., la comunidad científica canaria y muchxs ciudadanxs propusieron una Iniciativa Legislativa Popular para la Declaración de la Reserva Natural Especial del Litoral Noreste de Granadilla, que buscaba extender esa protección legal al área inmediatamente contigua al LIC Sebadales del Sur. Un "corredor ecológico" con los espacios naturales limítrofes, de aproximadamente 8 kilómetros de costa existentes entre el núcleo de Las Maretas y el puerto de El Médano, y que pese a reunir todos los ingredientes para recibir idéntica protección que el LIC, fue intencionadamente excluido por el gobierno de Canarias de la zona a proteger.
Así pues, vemos que frente a la desidia, e incluso la abierta hostilidad de la administración y de la clase política, dominada en estas islas por una ideología desarrollista elemental y desfasada, que contempla estos espacios como terreno desaprovechado, y que hay que ocupar y rentabilizar con cualquier tipo de actividades económicas e infraestructuras, nuestra ciudadanía se ha movilizado para intentar preservar la interconexión de estas zonas y la preservación de los valiosos hábitats de este litoral, sus grandes valores naturales y de las irreemplazables y raras especies que alberga. Por otra parte, este es un espacio integrado por formaciones geológicas muy singulares, que junto a las dinámicas litorales y eólicas especiales que se producen en esta zona, alimenta los bancos de arena, calas y playas desde Montaña Pelada a la Tejita, creando las condiciones para la formación de dunas que son también el hábitat de muchas especies.
En suma, este es un lugar verdaderamente mágico, hogar de muchos seres vivos raros y valiosos, tanto en tierra como en el mar, tanto animales como vegetales. Y por qué no decirlo, de una belleza extraordinaria, perfectamente comparable a la de los más hermosos sistemas naturales de nuestras islas: a los malpaíses, a nuestro pinar milenario, al fayal-brezal, etc. No es extraño que haya merecido una atención y compromiso especial por parte del legislador europeo, que trataremos por todos los medios de conseguir que se mantenga y se haga efectiva frente a estas amenazas. Lo que nos parece inadmisible es que esa legislación que garantiza la preservación del patrimonio ambiental de la zona se vea gravemente anulada por lo que consideramos un acto jurídico de un rango mucho menor, como sería la autorización administrativa de esa terminal de regasificación. Y por ello, en el caso de que ésta se produzca, emprenderemos acciones judiciales tendentes a obtener la anulación de pleno derecho de la validez de esa autorización.
En realidad toda esta situación, en la que las administraciones de un estado miembro se confabulan para dejar sin efecto las leyes europeas de protección de los sistemas naturales, ya había sido prevista por el legislador comunitario, casi como si hubiera estado anticipando la burla de la ley que quieren cometer aquí el gobierno de Canarias y el del estado español: los sebadales del sur de Tenerife se encuentran protegidos por la más potente de las herramientas de que se dispone hasta ahora para poner coto a los atentados contra los ecosistemas en el territorio de la Unión, la ya mencionada Directiva Hábitat, 92/43/CEE, de conservación de los hábitats naturales, y de la fauna y flora silvestres. Norma que se ha venido a complementar más recientemente por el V Programa Comunitario de política y actuación en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible (D.O.C.E. Nº C 138, de 17 de mayo de 1993), y posteriormente por el VI Programa Comunitario, que asumen como objetivos detener el deterioro de los ecosistemas y hábitats necesarios para preservar la biodiversidad.
Los Sebadales del Sur de Tenerife aparecen incluidos en el anexo de esa importante directiva y fueron además delimitados (aunque como ya se ha visto, de modo muy restrictivo y cuestionable) por el mismo Gobierno de Canarias que ahora pretende destruirlos. La jurisprudencia europea, y concretamente la sentencia de 2 agosto de 1993, rechaza expresamente que los estados miembros tengan capacidad para reducir o modificar esas zonas. Y la mencionada directiva de protección de la vida silvestre 92/43/CEE, en su sección 6.2, indica que los estados miembros tienen la obligación de evitar el deterioro de los hábitats de las especies y cualquier alteración que repercuta en ellas. Por tanto la autorización de esa regasificadora y del puerto para descarga de GNL que la acompaña debe considerarse como una violación flagrante de la legislación comunitaria, de obligado cumplimiento para todos los estados miembros.
De hecho, para asegurar esos objetivos de conservación, la directiva impone en su artículo 6.3 una acepción de la Evaluación de Impacto Ambiental sumamente estricta, que no se corresponde con la farsa administrativa a la que estamos asistiendo en este caso, y que evidentemente se está escenificando tan solo para legalizar a toda prisa la regasificadora y el puerto: "...cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar, o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de modo apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes o proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar."
El Reino de España traspuso a su legislación esta directiva en el RD 1997/1995 de 7 de diciembre, reiterando punto por punto la ley comunitaria, y obligando a las comunidades autónomas a evitar en esas zonas de especial protección cualquier alteración de los hábitats silvestres, y de los hábitats de las especies. Como tal lugar de interés comunitario, reconocido como tal por el propio gobierno de Canarias, éste está obligado a realizar un estudio de impacto ambiental de cualquier actuación que se pretenda realizar en él y que pueda modificarlo. Un análisis que en este caso sólo podría tener un resultado totalmente negativo, el de fundamentar el rechazo de esta solicitud de autorización, así como la de la construcción del proyectado puerto gasero.
Es verdad que la Directiva Hábitat, en ese mismo artículo 6 admite algunas excepciones, pero en caso de que el lugar a proteger albergue un hábitat natural o especie prioritarios [como lo son nuestras praderas de fanerógamas] "únicamente se podrán alegar consideraciones relacionadas con la seguridad humana o la salud pública, o relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente, o bien, previa consulta a la Comisión, otras razones imperiosas de interés público de primer orden." Dado que lo que está en peligro aquí, debido a estos proyectos de regasificadora y puerto gasero, es un conjunto de hábitats naturales o especies prioritarias, el gobierno canario está obligado a invocar ese carácter excepcional, dirigiendo una petición en ese sentido a la Comisión Europea y a su comisaría de medio ambiente, intentando convencerla que esta actuación es de interés social o económico públicamente prioritario, una actuación beneficiosa nada menos que para la salud y la seguridad de las personas. La realidad es que en este caso ocurre todo lo contrario: la instalación que se pretende construir constituye un enorme peligro para las vidas y las propiedades de la población de los núcleos habitados circundantes, como ya explicaremos en un apartado posterior.
5. La proyectada estación de regasificación de Gas Natural Licuado pone en gravísimo peligro la salud y la vida de la población de las inmediaciones:
La puesta en funcionamiento de esta terminal regasificadora representa una enorme amenaza real para la seguridad para la población de los núcleos habitados circundantes. No es necesario insistir mucho sobre la larga historia de graves accidentes con pérdida de gran número de vidas humanas, causados en todo el mundo por la naturaleza altamente inflamable del gas metano, cuando entra en contacto con el aire. Tan sólo recordaremos que entre la explosión de Cleveland (131 muertos y 225 heridos) en 1944, y la del pasado año en la planta de congelación de gas de Skikda, en el vecino país de Argelia (27 muertos y 70 heridos) ha transcurrido un largo periodo marcado por incidentes gravísimos de esta naturaleza, tanto en tierra como en el mar, pese a que los ejecutivos de las compañías gaseras continuamente afirman que las condiciones de seguridad en su explotación han mejorado mucho.
Lamentablemente, la protección que garantiza la legislación vigente en el estado español a la población frente a los riesgos que entraña un proyecto de este tipo es mínima, y ello pese a que los sucesivos gobiernos centrales ha optado por una dependencia cada vez mayor de la importación de GNL para su producción de energía. En este caso el proyecto de regasificadora puede verse afectado únicamente por normas que no reflejan en absoluto los peligros reales que entraña este combustible, como el famoso Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, Real Decreto 2414/1961, de 30 de noviembr: una verdadera reliquia jurídica, totalmente obsoleta y poco aplicable a instalaciones y riesgos de este tipo, y que establece para esas industrias peligrosas una distancia ridícula de 2.000 metros como mínimo, a contar desde el núcleo habitado más próximo.
Ese vacío legal se ha intentado cubrir requiriendo como condición para conceder la autorización administrativa el cumplimiento riguroso de las normas internacionales, europea y norteamericana, sobre instalaciones de gas licuado conocidas como UNE-EN 1473 y la NFPA-59ª. Tales normas exigen que se respeten distancias de seguridad entre la terminal de GNL y los núcleos de población más próximos, que vienen determinados por los radios de peligrosidad o de impacto de las nubes de gas y aire mezclados que se producen en caso de accidente. Y que son inevitablemente muy amplios, porque el metano vaporizado se expande en el aire a gran velocidad, y en contacto con éste tiene una capacidad muy alta de inflamación, muy superior a la de la gasolina o el propano), ya desde pequeñas concentraciones del gas, que van desde un 5.3% a un 15%.
En realidad en este caso se intenta calcular el alcance dentro del cual la radiación térmica emitida por el gas en contacto con el aire, se produzca o no incendio, afectaría a las personas. Los daños que sufrirían los seres humanos que se encuentren dentro de esas áreas de impacto potencial pueden ser de diversos tipos, que van desde:
- la asfixia por falta de oxígeno, en las proximidades de un derrame o escape de gas sin incendio,
- graves quemaduras en la piel debido a la exposición a las bajísimas temperaturas del gas congelado o criogenizado,
- quemaduras de primer grado causadas por la intensa radiación térmica que emite el gas en derrames o escapes, incluso aunque no se produzca un incendio,
- quemaduras de segundo o tercer grado en las zonas más afectadas por la intensa radiación térmica emitida por los incendios de nubes de gas y aire mezclados, o de gas derramado sobre el agua e inflamado,
- y los propios daños causados por las explosiones de gas.
Para establecer esos radios de peligrosidad se han asumido varios modelos que han sido contrastados empíricamente y aceptados por entidades oficiales como la Comisión Federal Reguladora de Energía de los Estados Unidos. De entre esos estudios posiblemente el que cabría considerar como más riguroso, y más actualizado en sus conclusiones, es el elaborado por James A. Fay, profesor emérito del Massachusetts Institute of Technology (MIT), experto mundialmente reconocido sobre el GNL. Se trata de un modelo de cálculo matemático de los radios de peligrosidad del GNL en los muy diversos tipos de accidentes que se pueden producir, tanto en lo que se refiere a barcos metaneros como a terminales regasificadoras en tierra, como la proyectada instalación de Granadilla (véase un buen ejemplo de su trabajo en el informe sobre el proyecto de regasificadora proyectada en Weawer´s Cove, Massachussets, en:
http://www.fallriverchamber.com/documents/fallriv.pdf).
Las investigaciones del Dr. Fay tienen en cuenta los distintos grados de peligrosidad de esos círculos de impacto de la radiación emitida por el GNL, pero en cualquier caso se pueden resumir en que el radio máximo dentro del cual las personas corren un peligro cierto en caso de siniestro, es de unas cinco millas, poco más de ocho kilómetros. Aunque dentro de ese diámetro también se deben distinguir diversos radios de creciente exposición a la radiación térmica, y por tanto de peligrosidad, a medida que nos acercamos al punto de combustión del GNL. Sus cálculos tienen además el mérito de que han sido comprobados empíricamente hace tan solo un año en la planta de licuefacción o criogenización de Skikda, Argelia, en la que una explosión de gas produjo una gran bola de fuego que mató a 27 personas. Pero al mismo tiempo esa explosión destrozó los cristales de las ventanas de viviendas situadas en ese mismo radio de cinco millas.
Es atendiendo a estas o muy parecidas estimaciones que la legislación de 1977 del Estado de California estableció una zona obligatoria de seguridad alrededor de las terminales de GNL de 4 millas, algo más de seis kilómetros. O que diversos estados europeos han asumido un radio de seguridad de 3 kilómetros, y que nosotrxs consideramos totalmente una distancia peligrosamente insuficiente, a la luz de los estudios y la evidencia disponibles. En cualquier caso, y en lo que respecta a la proyectada terminal regasificadora de Granadilla, nos encontramos con un buen número de núcleos habitados o de lugares de trabajo que se encuentran plenamente situados dentro de ese radio de impacto de un posible accidente, como puedan ser:
- Las Maretas (Arico), con 3.000 habitantes, a tan solo de 1.500 mts. de la Planta de Regasificación.
- La Caleta, a 2.410 mts.
- Las Arenas, a 2.874 mts.
- Tajao, a 3.200 mts.
- El Espacio Natural Montaña Pelada a 3 Kms., y su urbanización a 4.431 mts.
- San Isidro (Granadilla), con 15.139 hab, a 6.400 mts.
- El Médano (Granadilla), con 7.235 habitantes, y a 5.900 mts.
- El ITER y su complejo de Viviendas Bioclimáticas (Granadilla), con el personal que trabaja en él habitualmente, y que se encuentran a 0.5 Kms.
- Y el Polígono Industrial de Granadilla, en el que trabaja un buen número de personas, y que se encuentra junto a la proyectada planta regasificadora
Por tanto, en materia de seguridad para nuestra población, está meridianamente claro que este proyecto la ha pasado absolutamente por alto, y que no se están respetando ni siquiera las ínfimas, y poco seguras, distancias mínimas legalmente establecidas por la normativa internacional sobre la materia, de obligado cumplimiento en el estado español. Porque si se hubieran tenido en cuenta, jamás se hubiera podido elegir este emplazamiento para el terminal de regasificación.
Por último, y como resulta evidente por la lectura de las características del proyecto, la proyectada planta de regasificación tampoco cuenta con medidas de emergencia de ningún tipo que le permitan prevenir, proteger o incluso evacuar a la población, en el caso más que probable de que se produzca algún día un accidente grave de este tipo. Creemos que tan solo estos hechos deberían motivar la denegación definitiva de la autorización administrativa solicitada por Gascan para instalar esa planta de tratamiento del GNL.
Pero es más, a partir del propio hecho de que este proyecto haya sido presentado a información pública en pleno mes de agosto, resulta para nosotrxs evidente que se ha querido cumplir de modo meramente aparente la obligación establecida por el Real Decreto 1254/1999 en su art. 13, de informar sobre las medidas de seguridad a la población que puedan verse afectadas por un siniestro que se produzca en la planta de regasificación, de modo que las y los vecinos puedan objetar la conveniencia del emplazamiento, y estén prevenidxs ante posibles accidentes. Más bien parece claro que se ha querido burlar de hecho esa obligación de informar de modo adecuado a la población de la zona sobre los riesgos y alcance de posibles siniestros, con la clara intención de dificultar el que quienes residen en las cercanías de la proyectada central puedan ser conscientes de estos peligros y lleguen a oponerse a esta peligrosa iniciativa.
Estamos por tanto ante un modo de proceder que sólo podemos calificar como de auténtica mala fe, que revela la voluntad de la consejería de Industria y Energía del gobierno de Canarias, y de la propia Subdelegación del Gobierno central en Santa Cruz de Tenerife, así como de su máximo titular, D. José Segura Clavell, de facilitar en todo lo posible la rápida concesión de la autorización al terminal regasificador proyectado por Gascan. Y ello en menoscabo de la primera responsabilidad legal y moral de las administraciones públicas, que es la de velar siempre en primer lugar por la seguridad de nuestra población. Un aspecto este de las vidas humanas que al parecer no tiene tanta importancia para los responsables de estos organismos, en comparación con el objetivo de hacer realidad, cuanto antes y a toda costa, el proyecto de la empresa gasera, filial del monopolio eléctrico UNELCO. Es un proceder que sólo podemos calificar de ligereza presuntamente criminal, y por el que exigiremos a los titulares de estos organismos las responsabilidades correspondientes, en el caso de que en el futuro se produjera en esas instalaciones un accidente que cause víctimas entre lxs vecinxs.
6. La imposición a Canarias del Gas Natural Licuado tendrá efectos ambientales, tecnológicos y económicos nefastos para los sistemas energéticos insulares:
Creemos que la destrucción de los hábitats naturales extraordinarios de la costa de Granadilla, y de las especies de enorme valor que contienen, debido a la construcción y puesta en funcionamiento de esa proyectada instalación de una estación regasificadora y puerto de descarga del GNL, carecen de toda justificación tecnológica, energética y económica. Es más, consideramos que la introducción por tanto de ese combustible fósil en el sistema energético canario va a tener efectos exclusivamente negativos por los siguientes motivos:
El Gas Natural Licuado es un combustible fósil, al igual que el carbón o el fuel. No es por tanto una energía limpia y renovable, como está proclamando la campaña propagandística emprendida por el gobierno canario, en beneficio de Unelco-Gascan, sino todo lo contrario. La combustión del GNL emite grandes cantidades de CO2 a la atmósfera, principal causante del efecto invernadero y del cambio climático, sin olvidar que el mismo metano es ya un gas invernadero, que retiene el calor con una eficacia 54 veces mayor que el dióxido de carbono. Una central de gas de unos 800 Mw, por ejemplo, emite anualmente a la atmósfera más de 2 millones de toneladas de dióxido de carbono (principal gas responsable del cambio climático) y más de 2.000 toneladas de dióxido de nitrógeno, además de muchos otros contaminantes.
Como ha afirmado la organización ecologista internacional Greenpeace, este fósil es un combustible más de esas fábricas de CO2 que son las Centrales Térmicas. Las emisiones de estas centrales, por tanto, contribuyen al cambio climático y conllevan graves impactos sobre la calidad del aire. Esta contaminación tiene repercusiones negativas sobre la salud humana, que pueden ser graves y potencialmente mortales (afecciones respiratorias y cardiacas, incremento del riesgo de cáncer, etc.). Los grupos más afectados son la población infantil, las personas mayores y las que padecen enfermedades respiratorias o cardiovasculares crónicas. No hay que olvidar que los óxidos de nitrógeno procedentes de estas centrales contribuyen a la producción de lluvia ácida y a la generación de ozono, gas que en la baja atmósfera es un contaminante que además de afectar a la salud humana causa graves impactos sobre bosques y cultivos.
Por tanto, pese a toda la propaganda oficial a su favor, el GNL no es limpio, no ayuda a reducir la contaminación ni a cumplir con el Protocolo de Kioto. Si se permite a GASCAN establecer Estaciones Regasificadoras en nuestras costas o en nuestros mares, Canarias se habrá alejado decisivamente del cumplimiento de los objetivos europeos e internacionales de reducción de la emisión de gases que producen el efecto invernadero, de acuerdo con el Tratado de Kioto. Pero el monopolio habrá conseguido impedir que nuestro sistema energético pase a usar las energías limpias a gran escala, pese a que eso es lo que realmente necesita nuestra sociedad. Hay que recordar que por cada MW de electricidad generado por energía eólica se evita la emisión a la atmósfera de 0,7 toneladas de fuel y de 0,57 toneladas de gas natural.
Por tanto la importación de grandes cargamentos de gas argelino, ya contratados por GASCAN, la filial gasera de UNELCO, no supone una solución para los problemas energéticos de Canarias, sino un gravísimo paso atrás en el necesario avance de nuestras islas hacia los sistemas eléctricos que pueden garantizar el futuro de nuestra sociedad, basados en fuentes limpias de energía y en el ahorro y la eficiencia, en la misma tendencia en la que se orientan los sistemas energéticos del resto del Estado Español y de la Unión Europea, y en comparación con los cuales Canarias está a la cola del resto de las Comunidades Autonómicas, con el 1,72% de la energía eólica instalada.
El GNL tampoco es rentable económicamente, sino todo lo contrario. Como ha afirmado recientemente un ex-presidente de UNELCO, el Sr. Antonio Castellano Auyanet, atendiendo a su precio, todos los combustibles fósiles están en bandas paralelas. Los más caros son los líquidos como el petróleo, después está el gas y los más baratos son los sólidos como el carbón. Cada vez que sube el petróleo, suben los otros dos." Con la imposición a nuestras Islas del GNL como fuente energética principal, Canarias pasará a depender de un aprovisionamiento del exterior, a precios que irán continuamente al alza, sobre todo en esta época dominada por el fenómeno del "peak oil", de la disminución de la producción y de las reservas de petróleo en todo el mundo. La era de los combustibles fósiles toca pues a su fin, tanto por motivos ambientales, como propiamente técnicos y económicos.
De hecho el GNL es tan caro porque, en mucho mayor medida que el petróleo, supone gastos enormes de extracción, congelación, transporte en condiciones especiales de seguridad (que fallan continuamente, produciendo gravísimos accidentes), y además no se va a poder compensar ese coste tan alto con un consumo de gas para calefacción, aunque el gobierno de Canarias va a intentar imponernos el gas-ciudad en nuestras mayores poblaciones, creando nuevos y peores riesgos de accidentes para toda nuestra población. Situación que se agravará progresivamente, puesto que la experiencia de los estados donde se utiliza más intensivamente el gas natural, como los Estados Unidos, demuestra que los sistemas basados en GNL son crecientemente ineficientes, muy propensos a sufrir pérdidas o escapes continuos, mientras que hay que consumir una cantidad cada vez mayor de combustible sólo para mantenerse en funcionamiento, por ejemplo en los picos de máximo consumo.
El GNL sólo puede ser viable económicamente si se lo mantiene con dinero de los contribuyentes. En realidad este combustible sólo resultará rentable para sociedades como GASCAN o la probable compradora de Unelco y de Gascan que es GAS NATURAL, empresas participadas por grandes grupos del capital financiero, que buscan exclusivamente embolsarse las astronómicas subvenciones que paga el estado por el suministro gasero. Pero a pesar de esas subvenciones públicas, todxs lxs consumidores de las islas tendrán que pagar una factura de la energía cada vez más elevada, debido a esas importaciones de combustible. Esos costes en ascenso serán muy negativos para nuestra economía, y la dependencia de las islas del exterior, sobre todo de los yacimientos de gas argelino, van a colocar a nuestra sociedad en una posición muy peligrosa en caso de que se interrumpan los suministros, puesto que, en medio de esta crisis terminal de la civilización del petróleo, vamos a vivir en un mundo cada vez más violento, en el que las grandes potencias se van a disputar ferozmente los últimos yacimientos de combustibles fósiles, especialmente los del vecino continente africano.
7. La mayoría de lxs canarixs apoyamos la creación de un nuevo sistema energético, democráticamente planificado, y en base a fuentes 100% limpias:
En lo que tal vez es el único análisis riguroso del sistema energético canario que se haya hecho nunca, elaborado hace más de una década por Greenpeace, esta organización llegó a la conclusión de que el Archipiélago podría abastecerse en su totalidad con las energías limpias. Nosotrxs reafirmamos nuestra confianza en que este objetivo es totalmente factible, pero para ello somos conscientes de que nuestras islas necesitan contar con una verdadera planificación energética, basada en una gestión racional de la demanda: es decir, que hay que cambiar el enfoque tradicional, basado en la fórmula capitalista e irracional del "juego" entre la oferta y la demanda, por una gestión de la demanda de energía, para adecuarla a nuestras verdaderas necesidades y reducir responsablemente el consumo.
En ese sentido no se puede continuar planificando la ocupación de nuestro territorio de modo que se favorezca un crecimiento urbanístico-poblacional desmedido, donde miles y miles de camas hoteleras hagan que se dispare la demanda de energía, como ha ocurrido en los sectores turísticos de nuestras Islas. Si logramos detener este despilfarro irracional, e implementamos auténticas medidas de ahorro y la eficiencia en nuestros sistemas eléctricos, podemos ahorrar hasta el 30% de la energía que hoy tenemos que generar. Mientras que podemos planificar una transición relativamente rápida, de las actuales formas de generación de energía en base a combustibles fósiles, a una producción íntegramente limpia, como está haciendo ya la isla del Meridiano, El Hierro, cuyo Proyecto de autoabastecimiento por Energías Limpias es un ejemplo para el mundo. Y que creemos que debe serlo, ante todo, para el resto de las Islas Canarias.
Así pues, en lugar de embarcarnos ciegamente en esa vía muerta que es la de seguir dependiendo de combustibles fósiles altamente contaminantes, peligrosos, ineficientes y no rentables, necesitamos construir un nuevo sistema energético adecuado a nuestra realidad insular, basado en soluciones tecnológicas que nos permitan obtener la energía que necesitamos a partir de nuestros propios recursos, naturales, renovables y 100% limpios. Un nuevo sistema energético que deberá ser más democrático, no controlado por un monopolio ni por ninguna empresa. Sino por nuestras instituciones, bajo control del parlamento y el pueblo canario, que deberán fijar reglas de funcionamiento justas, para garantizar que se preste adecuadamente este servicio público a la sociedad. Porque eso es lo que debe ser la energía, y no un negocio.
Para ello es necesario poner fin a esta experiencia desastrosa que es el actual monopolio que ejerce Unelco, y a su ilegítimo dominio de la escena pública canaria, que le ha permitido ser quien dictara la "planificación" energética en las Islas, y que los partidos mayoritarios han acatado hasta ahora servilmente. Y sustituir a ese enorme conglomerado de intereses creados y malas prácticas técnicas y empresariales que es la empresa monopolista, por una nueva Compañía pública, o bien una Agencia Pública Canaria de la Energía, que administre de modo transparente la utilización de los recursos energéticos, la suspensión de ayudas financieras de la UE a las energías sucias, y su destino a las Energías Limpias, la introducción en el precio de la energía de un impuesto energético, de manera que pague más quien más derroche, etc. Una nueva entidad responsable de la energía en las islas, que esté plenamente al servicio y bajo el escrutinio de lxs ciudadanxs y sus representantes. Con ello se podrán incorporar a las operaciones del sistema, y en condiciones verdaderamente equitativas, muchas pequeñas y medianas empresas, privadas, públicas, cooperativas, etc., con una capacidad de crear empleo mucho mayor que el de los actuales, ineficientes y contaminantes sistemas eléctricos insulares.
Por todo ello, puesto que el GNL nos consta que es altamente contaminante, ineficiente e innecesario, y negativo para las perspectivas de desarrollo económico real de nuestra sociedad, pedimos que no se autorice la imposición del Gas Natural Licuado a nuestra tierra. Porque además estamos segurxs de que este peligroso combustible cuenta con un importante grado de rechazo de nuestra población, que mayoritariamente es contraria a la contaminación, y favorece un sistema energético basado en nuestras propias fuentes naturales de energía, renovables y totalmente limpias. Una vez más, apelamos a la dignidad de los políticos canarios como políticos, y como canarios-, para que tomen de una vez por todas las riendas de la Energía hoy en manos de una multinacional (y mañana mismo tal vez de otra, etc.), y para que procedan a una completa Democratización de la Energía en las Islas, mediante una verdadera Planificación discutida en la sociedad y el parlamento. A un PECAN basado en las Energías Limpias, el Ahorro, y la Eficiencia energéticos, como desea la inmensa mayoría de las y los isleñxs.
Por supuesto, los colectivos y personas que suscribimos estas alegaciones, somos perfectamente conscientes de que no van a ser tenidas en cuenta, y que de hecho el monopolio y su filial GASCAN van a recibir la autorización administrativa para iniciar esa actuación nefasta para nuestra sociedad, para nuestros ecosistemas y para el futuro de esta tierra, algo a lo que ya se han comprometido los dirigentes de las fuerzas políticas que controlan nuestras instituciones. Es por ello que desde ahora nos comprometemos a hacer frente a esa previsible decisión injusta -y estamos segurxs de que también ilegal- por todos los medios a nuestro alcance, desde la acción judicial, hasta la presión sobre representantes o responsables políticos e instituciones.
Y sobre todo mediante el que es el instrumento principal de lucha del movimiento ecologista en todo el mundo: la información masiva a nuestrxs conciudadanxs, y la movilización de las comunidades afectadas por este nefasto proyecto y de todxs lxs canarixs, para llevar a cabo actos de desobediencia civil no-violenta masiva, que hagan imposible a la empresa eléctrica y a sus cómplices políticos llevar a cabo estos nefastos proyectos. Sin olvidar, por supuesto, la solidaridad activa que vamos a solicitar en todo momento de nuestrxs compañerxs del estado español, de la Unión Europea y de todo el planeta, para que colaboren con nuestra lucha en la medida que les sea posible.
8. En conclusión, y por todo lo ya expuesto, consideramos que la autorización administrativa para la ejecución de esa terminal de regasificación debe ser denegada, por consideraciones de carácter medioambiental, de interés social y económico, y sobre todo de seguridad para la población, puesto que incumple gravemente los requisitos establecidos en el art. 67 de la citada Ley 34/1998.
Por todo ello,
SOLICITAMOS que teniendo por presentado este escrito en tiempo y forma, se sirva admitirlo como alegaciones contra la solicitud de autorización administrativa de la instalación de un terminal de regasificación de gas natural licuado (GNL) en Granadilla por la Sociedad Mercantil COMPAÑÍA TRANSPORTISTA DE GAS DE CANARIAS, GASCAN.
SOLICITAMOS que se nos tenga como parte personada en todos los procedimientos administrativos a los que el presente escrito de a lugar, y se nos envíe toda la información correspondiente.
D. Agapito de Cruz Franco,
Por el Tagoror Ecologista Alternativo,
Coalición Ciudadana Toda Canarias contra el Gas
Dª. Mónica Díaz Tabares,
Por el Colectivo Ecologista Tabona
Coalición Ciudadana Toda Canarias contra el Gas
y D. Aureliano Marrero Muñoz,
Por el Círculo Ciudadano Conciencia Planetaria
Coalición Ciudadana Toda Canarias contra el Gas
En Santa Cruz de Tenerife, Viernes 9 de septiembre de 2005
